A finales de enero de 2012, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 1/2012, que suspende, temporal pero indefinidamente, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. De las declaraciones gubernamentales cabe inferir que este real decreto-ley se ha promulgado para frenar el crecimiento del denominado déficit tarifario eléctrico; lo cierto es que la norma contribuye también, y sobre todo, al proceso de ajuste que necesita la economía española.
Como es sabido, el gran problema de la economía española es su fortísimo endeudamiento, entre los mayores del mundo. Durante los últimos años, la inversión pública y privada ha superado considerablemente al ahorro interior, financiando el ahorro proveniente del exterior la diferencia entre ambas magnitudes. Siendo importante el endeudamiento del sector público, el rasgo más característico de la situación española es que el sector privado está más endeudado aún.
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